NOVENTA AÑOS DE LA SUBLEVACIÓN DE JACA: ALIADOS POR LA REPÚBLICA, ENEMIGOS EN LA GUERRA CIVIL
El pasado sábado 12 de diciembre, al cumplirse noventa años de la
sublevación militar de Jaca de diciembre de 1930 contra la Monarquía de Alfonso
XIII, adelanté en ABC mi investigación sobre el paradójico destino en la Guerra
Civil de los oficiales implicados en aquella insurrección: https://www.abc.es/historia/abci-alzados-contra-corona-sublevados-contra-republica-90-anos-insurreccion-jaca-202012112114_noticia.html.
Solo seis años y medio después, la contienda fratricida les situaría en bandos enemigos,
combatiéndose unos a otros parapetados en las trincheras de las dos Españas. Hoy
amplío en este blog el contenido de aquel artículo, con historias personales difíciles
de imaginar.
En pocas horas, los rebeldes se hicieron con el control de Jaca, haciendo
prisioneros en la ciudadela al gobernador militar de la plaza, general Urruela,
así como al jefe del Batallón de Montaña La Palma 8, general Beorlegui, entre otros
jefes y oficiales. Se produjo un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil, que
se saldó con la muerte de un sargento de la Benemérita, y otro choque en la
Comandancia de Carabineros, donde murieron dos números.
Proclamada la República en el Ayuntamiento de Jaca, donde se colocó en el
balcón la bandera tricolor, los insurrectos formaron una columna con 900
efectivos para dirigirse a Huesca. Parte de las fuerzas marcharon por carretera,
con Galán al mando, y otra se embarcó en tren.
En la madrugada del día 13 los sublevados llegaron al Santuario de Cillas, donde
se encontraron con fuerzas gubernamentales mandadas por el general Ángel Dolla.
Galán envió a los capitanes García Hernández y Salinas para instar a las tropas
de Dolla a sumarse a la sublevación, pero éstos fueron inmediatamente
detenidos. Los disparos de la artillería gubernamental contra las posiciones de
los sublevados, que causaron cuatro muertos, provocaron la desbandada de las
fuerzas de Galán, quien se entregó a las autoridades en Biscarrues junto con el teniente Eustaquio Mendoza y el alférez Ramón Manzanares.
Al día siguiente, el 14 de diciembre, Galán y García Hernández
fueron sometidos en Huesca a consejo de guerra, condenados a muerte y fusilados.
La tan ansiada Segunda República, proclamada cuatro meses más tarde, el 14 de
abril de 1931, tenía ya sus mártires.
A los capitanes Galán
y García Hernández les siguieron en el golpe contra la Monarquía varias decenas
de oficiales y suboficiales que serían también procesados y condenados por
rebelión militar. En la causa 327 vista en consejo de
guerra sumarísimo el 14 de diciembre de 1930 en Huesca fueron procesados un
capitán, dos tenientes y un alférez. El 13 de marzo de 1931 comenzaría en Jaca la
causa 328 contra otros setenta y siete oficiales y clases de segunda. La
mayoría de estos oficiales serían expulsados del Ejército, en el que
reingresaron después de la proclamación de la Segunda República, con la que se
decretó su indulto después de estar presos apenas unas
semanas en las prisiones militares de Mahón y Chafarinas.
La investigación sobre las trayectorias posteriores de estos oficiales -tanto en los anuarios militares como en los diarios oficiales de los Ministerio de Guerra, Defensa Nacional o Ejército, y el Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)- nos ofrece la sorprendente revelación de que casi la mitad de los capitanes, tenientes y alféreces implicados en la sublevación de Jaca contra Alfonso XIII se sumaría a las fuerzas de Franco y Mola en el golpe de julio de 1936 contra la República.
Toda una prueba de la complejidad de los
acontecimientos en la España de los años 30, que se compadece mal con los
relatos simplistas de quienes intentan ahormar aquel convulso pasado a una memoria selectiva. De hecho, el Regimiento Galicia 19, protagonista de
la insurrección de 1930 en Jaca, encabezó también el alzamiento militar de 1936
en la ciudad. Su jefe entonces, el coronel Rafael Bernabéu Masip, se aseguró el
20 de julio el dominio de Jaca después de un choque el día anterior a la
entrada de la población con fuerzas de Carabineros y milicias del Frente
Popular que se saldó con un capitán, dos tenientes y seis soldados muertos
entre los rebeldes.
Aunque el golpe de julio de 1936 se
decantara después por el derribo del régimen republicano, en un principio se
presentó como un movimiento para salvarlo de la violencia y el desorden que
siguió a la victoria del Frente Popular en febrero. Las inclinaciones
ideológicas a derecha o a izquierda pesaron en la toma de partido de los
militares tanto como las circunstancias que rodearon a cada uno de ellos en sus
respectivos destinos.
De los seis capitanes
condenados por la rebelión de Jaca, tres se mantendrían fieles al gobierno y
otros tres se sumarían a las fuerzas sublevadas en julio de 1936. Lo mismo
ocurriría con los tenientes: seis se decantaron por el bando gubernamental y seis por el sublevado. En cuanto a los alféreces, siete se mantuvieron leales al
gobierno y tres se unieron a los rebeldes.
En suma, de 28 capitanes,
tenientes y alféreces condenados en 1930 por la sublevación de Jaca que tomaron
partido el 18 de julio de 1936, 16 fueron leales al gobierno del Frente Popular
y 12 se unieron al movimiento para derrocarlo.
Las excepciones a esta
división ante el golpe de julio de 1936 fueron las del teniente Anastasio
Martínez Fernández, condenado a 12 años, que había fallecido en 1934 por una
enfermedad contraída durante su cautiverio; la de los tenientes Antonio Romero
García y Juan Cruz Gómez, condenados a 12 años y a 6 meses y 1 día, respectivamente,
que se dieron de baja en el Ejército en julio de 1931 al ser suprimida por
Azaña la escala de reserva retribuida; y la del alférez Ernesto Gisbert Blay,
condenado a cadena perpetua, que estaba también retirado al comenzar la contienda.
El capitán Salvador
Sediles Moreno, del Batallón La Palma 8, fue el único de los procesados en la
segunda causa por la sublevación de Jaca sobre el que recayó una sentencia a la
pena capital. Fue detenido en Anzánigo una semana después de la intentona,
junto con el teniente Justo López Mejías, de su misma unidad, y el teniente de
artillería Guillermo Marín Delgado, cuando trataban de huir a Francia. Ante el
clamor político y social favorable al indulto de Sediles, el Rey Alfonso XIII le
conmutó su condena a muerte por la de treinta años de prisión.
Con el advenimiento de la
Segunda República, Salvador Sediles se convirtió en una destacada figura del
nuevo régimen. El mismo año 1931 publicó un libro sobre la sublevación de Jaca,
“Voy a decir la verdad”, en la que
señaló que Casares Quiroga, enviado por el Comité Revolucionario para ordenar a
Galán que retrasara la insurrección, se quedó dormido en el hotel de Jaca donde
se alojaba sin preocuparse de hacer llegar tan importante mensaje a los
conjurados.
A la fama de Sediles en
el nuevo régimen contribuyó su condición de diputado de las Cortes
constituyentes, entre 1931-1933, al resultar elegido por la circunscripción de
Barcelona por el Partido Republicano Federal de Izquierdas. Fue también consejero
de CAMPSA, cargo del que dimitió el 15 de marzo de 1936.
Cuando estalla la
contienda civil, Sediles se convierte, con 39 años, en jefe militar del
batallón de retaguardia “Águilas de la Libertad”, organizado por la CNT, que
formó parte de las fuerzas que sitiaron el Alcázar de Toledo. De aquellos días
se conoce una fotografía de Sediles rodeado de guardias de asalto y milicianos.
Murió en accidente de automóvil el 28 de septiembre de 1936 cuando se retiraba
a toda velocidad de la ciudad imperial ante la llegada de los nacionales.
Otro capitán destacado en
la sublevación de Jaca fue Luis Salinas García, a quien le unía con Galán y
Sediles su pertenencia a la masonería, como confirma Manuel Según en su tesis
doctoral “Masonería y política en Madrid (1900-1939)”. Condenado a cadena
perpetua, estaba en situación de retirado en 1936. Reincorporado al Ejército, el
gobierno de Largo Caballero le asciende en septiembre a comandante. En enero de
1937 fue nombrado director de la Escuela Popular de Artillería, donde se
formaban los nuevos oficiales de esta arma en el Ejército Popular. A principios
de 1939, ya ascendido a teniente coronel, es nombrado jefe de la base naval de
Rosas (Tarragona), de la que era entonces comandante de la artillería. Fue
encausado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el
Comunismo, si bien la causa, archivada de modo provisional en 1944, se archivó
definitivamente a causa de su fallecimiento en 1957, de acuerdo con Manuel
Según.
El tercer capitán leal al gobierno republicano en 1936 fue Carlos Díaz-Merry y Cejuela, uno de los responsables de la columna que partió en tren hacia Ayerbe, condenado a 12 años. Estaba en situación de retirado desde 1932 cuando estalla la guerra y responde al llamamiento del gobierno para presentarse a luchar contra los sublevados. Combate en Guadarrama y después en Barbastro en las columnas Puig y Villalba, respectivamente. En marzo de 1937 participa al mando de un batallón en la batalla de Guadalajara.
Díaz-Merry será ascendido a mayor y pasará en mayo de 1937 al
mando de la 64.ª Brigada Mixta, destinada en el frente de Teruel. Después será
nombrado jefe de Estado Mayor de la 53.ª División. Tendrá diferentes destinos
en el Ejército de Levante y el Grupo de Ejércitos de la Zona Centro-Sur. Fue
condenado por los vencedores en Valencia después de la contienda a veinte años
y un día de prisión por auxilio a la rebelión. Se le concedió la libertad
provisional en mayo de 1945. Murió en Madrid el 8 de septiembre de 1949, según
señala la esquela aparecida en el diario monárquico “ABC”, en la que no figura
su condición de antiguo militar. (AGHD, Sumario 124, caja 18591/1)
Por el contrario, se
sumará a los sublevados el capitán Antonio Martínez García, destinado en Jaca
en el mismo Regimiento Galicia 19 con el que participó en la asonada de 1930.
Galán le encargó la defensa de la ciudadela de Jaca y la vigilancia de los
jefes allí prisioneros, lo que le valió una condena de dos años de cárcel.
Martínez García morirá en combate a los dos meses de comenzada la contienda, el
26 de septiembre de 1936, en el cerco de Estrecho de Quinto (Huesca). Martínez
García formaba parte de las fuerzas del Regimiento Galicia 19 allí destacadas
que resistieron, junto con tropas del Regimiento Valladolid 20, Guardia Civil y
voluntarios, el asedio de fuerzas gubernamentales muy superiores durante 26
días, sin otro medio de aprovisionamiento que el de la aviación. Un diario
local, “El Pirineo Aragonés” publicará al año siguiente su esquela en el primer
aniversario de su muerte “por Dios y por la Patria”. A su viuda, María Pueyo
Beritens, el régimen de Franco le reconocerá en 1941 una pensión de 7.500
pesetas.
El capitán Enrique
García-Argüelles Sánchez, a quien Galán encargó también la defensa de la
ciudadela de Jaca, fue condenado a dos años y once meses en 1930. En julio de
1936 contaba con 36 años y estaba destinado en Jaca, en el mismo Regimiento
Galicia 19. Desempeñó un papel clave en la sublevación de su unidad contra el
gobierno de la República. En 1940 figura incorporado a la Guardia Civil con el
grado de comandante y destinado precisamente en la Comandancia de Jaca.
También se sumará a las
fuerzas nacionales el capitán José Solís Chiclana, condenado a 12 años por
rebelarse contra el régimen monárquico en 1930. Acató sin dudarlo las
indicaciones de Galán de sumarse al levantamiento y salió con la columna
rebelde hacia Huesca. En julio de 1936 estaba destinado en la Caja de Recluta 12, en Huelva, con 31 años. Solís Chiclana, de acreditado republicanismo,
desempeñó un importante papel a favor de la sublevación en su destino en la
ciudad andaluza, como acreditan los historiadores Joaquín Gil Honduvilla y Francisco
Espinosa Maestre. Después de la guerra siguió destinado en Huelva. En 1957 fue
ascendido a coronel del Ejército y dos años después pasaba a un destino civil.
Entre los seis tenientes implicados
en la intentona liderada por Galán y García Hernández que se sumarían al golpe
militar de Franco y Mola, destaca Isidro Rubio Paz, condenado a 6 años de
prisión por participar en la sublevación formando parte del retén que vigilaba
la ciudadela de Jaca. En julio de 1936 estaba destinado en el Batallón Ciclista,
en Alcalá de Henares (Madrid), junto con otra figura sobresaliente de la fe
republicana: el también capitán Pedro Mohíno Díaz, quien el 14 de abril de
1931, día de la proclamación de la Segunda República, apareció en la madrileña
Puerta del Sol vestido con su uniforme del arma de Ingenieros y enarbolando una
gran bandera tricolor que él mismo plantaría en el balcón del Ministerio de
Gobernación.
Como he relatado en uno
de los capítulos de “Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil” (Almuzara), Rubio
y Mohíno formaron parte de la oficialidad que el 20 de julio de 1936 sublevó a las
unidades acuarteladas en Alcalá, el Batallón Ciclista y el Regimiento de
Zapadores. Cuando el teniente coronel Monterde, jefe de Zapadores, y el
teniente coronel Azcárate, jefe del Ciclista, les ordenaron salir a la
carretera de Irún para cortar el paso a las fuerzas sublevadas que se acercaban
a Madrid por Somosierra, los capitanes Isidro Rubio y Juan Aguilar les dispararon:
Monterde murió en el acto y Azcárate resultó herido y fue hecho prisionero.
Las fuerzas sublevadas en
Alcalá se rinden el día 21 de julio ante la columna gubernamental del coronel
Ildefonso Puigdengolas. Conducidos a la cárcel Modelo de Madrid, el día 23 de
agosto se celebra la vista contra los principales cabecillas de la rebelión en
Alcalá: el comandante Baldomero Rojo Arana y los capitanes Isidoro Rubio, Pedro
Mohíno y Juan Aguilar.
En su último alegato por
evitar la pena capital, Rubio y Mohíno exhibieron sus más que probadas
convicciones republicanas como héroe de la sublevación de Jaca el primero y
como abanderado de la República el 14 de abril de 1931 el segundo, pero sin
resultado: fueron condenados a muerte junto con el resto de encausados. Todos
fueron fusilados el lunes 24 de agosto en la explanada de la Escuela de
Arquitectura de la Ciudad Universitaria. El héroe de Jaca contaba con 34 años,
mientras que el abanderado de la República tenía 32.
Otros cuatro tenientes
rebelados en Jaca contra el régimen de Alfonso XIII se sumarían a las fuerzas
de Franco contra la República: Joaquín Alejandro Tapia y Antonio
Hernández-Pinzón Vázquez, condenados a 20 años; Tomás Cerdido Espada, sentenciado
a 12 años, y Cayetano Corbellini Obregón, penado con 6 meses y un día.
Joaquín Alejandro Tapia,
que formó parte de la columna rebelde que salió hacia Huesca, estaba en
situación de retirado en 1936. En mayo de 1939 estaba destinado como teniente
en la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación de Madrid. En 1940 se
presentó voluntario para el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores n.º
37, donde penaron miles de vencidos en la posguerra. En 1954 se le concedió por
el régimen de Franco una pensión de 2.355 pesetas como comandante de Infantería
retirado.
Antonio Hernández-Pinzón
Vázquez, que en 1930 estaba destinado en el Batallón La Palma 8, formó parte de
las fuerzas rebeldes que se dirigieron en ferrocarril hacia Huesca. En la
Guerra Civil combatió como oficial en las fuerzas de Franco, en concreto en el
Grupo de Regulares de Ceuta 3. Ascendido a capitán, a comienzos de 1937 pasó a
las órdenes del general Mola en el Ejército del Norte. En 1963, con el grado de
coronel, era gobernador militar accidental de Huelva. En ese destino, según
noticia recogida por el “ABC” de Sevilla el 19 de julio, presidió la solemne
celebración del vigésimo séptimo aniversario del segundo alzamiento militar en
que había participado con seis años de diferencia.
Tomás Cerdido Espada, que
se sumó a la sublevación de Jaca a instancias del capitán Sediles, era teniente
del Regimiento Wad-Ras 1 de Madrid al estallar la contienda, con 35 años. Sería
expulsado del Ejército en 1938 por sumarse a la sublevación contra el gobierno
republicano. Concluida la guerra con el grado de capitán del Ejército franquista,
en 1940 obtiene plaza de profesor de Educación Física en la Academia de
Sanidad. En 1948, ya como teniente coronel, era profesor de la Escuela Central
de Educación Física.
Cayetano Corbellini
Obregón intervino en 1930 en el desarme de las fuerzas que la Benemérita tenía
en Jaca. Estaba destinado en el Batallón de Cazadores de Ceuta 7 al comienzo de
la Guerra Civil y luchó después como capitán en el Grupo de Regulares de
Melilla 2. Fue herido grave en combate en dos ocasiones: el 27 de julio de 1937
y el 24 de marzo de 1938. En ambos casos, Franco le concedió la Medalla de
Sufrimientos por la Patria.
De los doce tenientes
condenados por el golpe de Jaca que vivieron el golpe militar de julio de 1936, seis se mantuvieron leales a la República. De ellos destaca Manuel Muñiz
Izquierdo, del Regimiento Galicia 19, natural de Onda (Castellón), condenado a
cadena perpetua. Se encontraba en situación de disponible en la 3.ª División
Orgánica, con sede en Valencia, al estallar la Guerra Civil. A finales de 1937
ingresó en el Cuerpo de Seguridad, dependiente de Gobernación, donde fue jefe
de la 10.ª Brigada de Asalto.
En marzo de 1939 el
Consejo Nacional de Defensa, que se había hecho con el poder en la zona
republicana con el golpe del coronel Casado, nombró a Muñiz Izquierdo comandante de la 8.ª
Brigada de Asalto. Fue fusilado por los franquistas el 16 de febrero de 1940 en
Alicante, una semana después de haber cumplido 53 años, a pesar de lo cual se
le instruyó años después un sumario por delito de masonería que figura en el
archivo de Salamanca. El estudioso Ricardo Pardo Camacho en su artículo
“Oficiales en Castellón el 18 de julio de 1936” señala las vicisitudes de otros
dos Muñiz Izquierdo, que con toda seguridad eran hermanos de Miguel: José,
teniente de la Guardia Civil en la Comandancia de Castellón, asesinado por las
milicias frentepopulistas el 12 de octubre de 1936 en Onda, a los 39 años, y
Juan, capitán de infantería, que murió en combate en Castellón en septiembre de
1936, con 46 años. El alto precio de una guerra civil.
Otro teniente condenado a cadena perpetua en el primer juicio por la rebelión de Jaca fue Manuel Fernández Gámez, del Batallón La Palma 8, que ayudó a organizar el convoy ferroviario hacia Ayerbe. En julio de 1936 era capitán del Batallón de la Guardia Presidencial, adscrito al Cuerpo de Seguridad, con 33 años. Se mantendrá leal al gobierno y combatirá en agosto en el Alto del León. Pasará a incorporarse a finales de año a la 78.ª Brigada Mixta, en el frente de Granada, como encargado de su formación. Desde abril de 1937 a julio de 1938 estuvo de nuevo en el Batallón de la Guardia Presidencial, donde será ascendido a mayor. Estuvo destinado en el Ejército del Ebro y la 45.ª División. Se exilió en Francia en febrero de 1939, con la caída de Cataluña.
En junio de 1949, Fernández Gámez regresó a España y
fue procesado y encarcelado por los vencedores. Solicitó que se tomara
testimonio a su favor a dos de sus dos antiguos compañeros de sublevación en
Jaca, partidarios de la causa franquista: Tomás Cerdido y Antonio Hernández-Pinzón,
quienes declararon a su favor, llegando incluso a decir que era “buen oficial,
persona de orden y de derechas”. A pesar de ello en julio de 1950 se le condenó
a veinte años de cárcel por adhesión a la rebelión, aunque fue indultado al mes
siguiente. (AGHD, Sumario 1794, legajo 7060)
El teniente Justo López Mejías recibió una sentencia de 20 años de prisión por sumarse a la rebelión en Jaca ante las arengas de los capitanes Galán y Sediles. Al año de proclamarse la República, el 31 de marzo de 1932, fue destinado al Cuarto Militar del Presidente, entonces Niceto Alcalá-Zamora. En ese destino continuó hasta el estallido de la guerra en que se destacó en la lucha contra los sublevados en Madrid, llegando a participar en el asalto al Cuartel de la Montaña, así como en la organización de milicias. A finales de 1936 fue nombrado jefe de la 20.ª Brigada Mixta, en formación en Murcia, al mando de la cual permaneció hasta enero de 1938, participando en las operaciones de Martos, Pozoblanco, Villanueva del Duque y Castuera entre enero y julio de 1937, según el historiador Carlos Engel (“Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República 1936-1939. Almena Ediciones. Madrid, 1999).
En los primeros meses de 1938 López Mejías estuvo
al frente, como jefe accidental, de las 37.ª y 38.ª Divisiones, y en mayo se le
puso al frente de la 68.ª División, siempre en el Ejército de Extremadura. En
su procesamiento por los vencedores, algún testigo señaló que López Mejías se
había dirigido a la multitud, como condenado por la sublevación de Jaca, desde
el balcón del Ayuntamiento de Alicante cuando se proclamó la República. En su
descargo, varios testigos confirmaron que López Mejías los había liberado de las
“checas” y protegido ante el riesgo de ser represaliados, especialmente en
Villanueva de la Serena, donde estuvo destinado con su brigada. Condenado a
muerte por los vencedores en Alicante en septiembre de 1939, por adhesión a la
rebelión con “agravantes de peligrosidad y trascendencia”, dos meses después se
le conmutó por la de treinta años y un día. En 1943 se le conmutó por 20 años y
un día. En 1945 se le concedió la libertad condicional y en 1947 el indulto. (AGHD,
Sumario 124, Caja 18591/1)
Francisco Albiac Franc fue condenado a 20 años por el golpe de Jaca. Se sumó a los rebeldes del Batallón de Montaña La Palma 8 y formó parte de las tropas mandadas por ferrocarril hacia Huesca. En 1934 intervino como teniente de Asalto contra el golpe de Companys en Barcelona, participando en la detención de doscientos “mossos”. El estallido de la Guerra Civil le sorprende también en la Presidencia de la República, como teniente del Batallón de la Guardia Presidencial, con 31 años. En los primeros meses de la contienda estuvo destinado en el sector de Cercedilla (Madrid), del que llegó a ser nombrado comandante militar en septiembre, cargo donde, según su declaración a los vencedores, “evité a toda costa el que hubiese ningún acto de violencia, no habiéndose cometido ningún fusilamiento”.
En junio de 1937, Albiac es promovido a
capitán y se le destina a la 3.ª División, con la que interviene en una
operación sobre Santa María de la Alameda. Fue también jefe de operaciones del
XVIII Cuerpo de Ejército y jefe de Estado Mayor del VI con el grado de mayor.
Terminó la guerra en el I Cuerpo de Ejército, donde en marzo de 1939 se puso
del lado del coronel Casado en su golpe contra Negrín. Encarcelado por los
comunistas en Manzanares el Real (Madrid), pudo liberarse y detener
personalmente al coronel Barceló, uno de los líderes de la revuelta comunista. Fue
condenado en 1942 a treinta años de prisión por adhesión a la rebelión a pesar
de los numerosos testimonios a su favor como persona de “buen corazón” que
protegió a derechistas de la persecución frentepopulista. Se le concedió el
indulto en diciembre de 1945. (AGHD, Sumario 116498, Legajo 5938)
Otro de los procesados
por la sublevación contra el régimen monárquico es Luis Salvá Romeu, que se
puso a las órdenes de García Hernández. Es capitán de carabineros en Valencia cuando
comienza la guerra. Enviado a Madrid, estuvo en los frentes de Colmenar de
Oreja, Chinchón y Arganda hasta que en agosto fue destinado a la 87.ª Brigada
Mixta, desplegada en el frente de Teruel. El año 1938 lo pasó destinado en
Castellón. El fin de la guerra le cogió en Valencia. En julio de 1939 fue
condenado a 30 años de prisión por adhesión a la rebelión, que al año siguiente
le fue conmutada por la de doce años y un día. En 1942 se le concedió la
libertad provisional y en 1946 el indulto. (AGHD, Sumario 145, Caja 19125/4)
Otro implicado, el teniente de artillería Guillermo Marín Delgado, fue condenado a cadena perpetua. Era uno de los hombres con los que Galán preparó el golpe. Destinado en julio de 1936 como capitán en el Regimiento de Artillería Ligera 2 en Vicálvaro (Madrid), fue confirmado en su destino a mediados de 1937 por el Ministerio de Defensa Nacional republicano. Según una relación histórica del archivo de la Fundación Pablo Iglesias, falleció en 1977 en el exilio en México, con 70 años de edad.
El teniente de artillería Eustaquio Mendoza García-Gallo fue condenado a cadena perpetua en 1930, aunque el fiscal había pedido para él la pena capital. Fue uno de los hombres de confianza de Galán: sublevó a las fuerzas de artillería y se adueñó de su polvorín. Cuando el levantamiento de julio de 1936, estaba destinado en el Taller de Precisión de Artillería, donde permaneció buena parte de la contienda, salvo su estancia al mando de distintas baterías en los frentes de Somosierra y Guadarrama entre agosto y octubre de 1936. Terminó la guerra con el grado de mayor del Ejército Popular, con 33 años.
Vecinos falangistas y tradicionalistas de su
pueblo, Villatobas (Toledo), declararon a los vencedores que fueron protegidos
por Eustaquio Mendoza. Algunos de sus subordinados en el Taller de Precisión le
calificaron como “persona de orden y derechas”. Agentes de la “quinta columna”
testificaron que Mendoza había formado parte de la organización, realizando
todo tipo de sabotajes en el Taller de Precisión. A pesar de ello, en junio de
1939 fue condenado en Valencia a 20 años de cárcel, pena que en septiembre le
fue conmutada por un año de prisión menor. En abril de 1940 se le concedía la libertad.
(AGHD, Sumario 165, Caja 19726/3)
Siete de los once
alféreces condenados por la intentona de Jaca se unieron en 1936 a las fuerzas
gubernamentales, tres se sumaron a los sublevados y uno continuó en situación
de retiro. El alférez Ramón Manzanares Molina, al que el fiscal pidió la pena
capital por el golpe contra la Monarquía, participó en la detención de los
jefes militares de Jaca opuestos a la rebelión, por lo que fue condenado a
cadena perpetua. En la Guerra Civil se opuso a los sublevados. Pasó por la 64.ª
Brigada Mixta y por la Comandancia Militar de Puigcerdá en el transcurso de la
guerra, pero sería dado de baja en el Ejército Popular “por abandono de
destino” el 10 de junio de 1938.
Su compañero Arturo
Rodríguez Solabre formó parte de las fuerzas de Galán que se apoderaron del
Ayuntamiento de Jaca, por lo que fue condenado a treinta años. Estaba retirado
al empezar la contienda. En febrero de 1937 se incorporó a las filas del
Ejército Popular con el empleo de teniente. Un año y medio después era
ascendido a mayor y destinado al centro de reclutamiento de Tarrasa, el CRIM
n.º 15. El destino doloroso de una guerra fratricida quiso que su hermano
Sixto, capitán de infantería, falleciera en combate en el frente de Asturias el
15 de septiembre de 1937 sirviendo en el Ejército nacional.
Pablo García Briñas,
condenado a 20 años, se sumó al golpe de Jaca a requerimiento de Galán. Era
teniente del Regimiento Badajoz 13, de Barcelona, en julio de 1936. Según el
blog http://pedraipaper.blogspot.com/
de Gonzalo Berger, falleció en combate en la defensa de Madrid el 15 de
noviembre de 1936 con la columna “Libertad”, de milicias del PSUC y la UGT,
comandada por el teniente coronel López Tienda, también caído en combate, en el
Hospital Clínico.
Otro alférez con 12 de
años de condena, Pascual Pérez García, era teniente en 1936, destinado en
Prisiones Militares de Guadalajara. En septiembre de 1936 el ministro de la
Guerra, Juan Hernández Saravia, lo reclamó para trabajar en su Estado Mayor.
Ascendido a capitán, estuvo luego en diferentes destinos, desde el XX Cuerpo de
Ejército al Ejército de Levante.
El alférez Juan Martínez
Guillot, condenado también a 12 años, se incorporó al Ejército Popular como
capitán de milicias en diciembre de 1936. Estuvo destinado en la 147.ª Brigada
Mixta, en el frente de Jaén. Juzgado y encarcelado por los franquistas, en 1943
salió en libertad condicional de la prisión de Valencia.
Su compañero José Campos Soler, retirado del
Ejército en 1931, se incorporó a las fuerzas republicanas en febrero de 1937
como teniente. En junio de 1938 fue destinado como capitán al Ejército de
Maniobra y en diciembre a la 21.ª División, en el frente de Jaén.
El alférez de artillería
Víctor Garrido Martínez, condenado a 12 años en 1930, estaba destinado en el
Regimiento de Montaña 1 en Barcelona al estallar la Guerra Civil. Luchó a favor
de la República. En junio de 1938 se le concedió la Medalla de Sufrimientos por
la Patria por heridas recibidas en combate. En noviembre de 1938 fue destinado
a Defensa de Costas.
Por el contrario, el
alférez Miguel Juan Balaguer, condenado a 20 años por los sucesos de Jaca,
luchó en el bando nacional. En diciembre de 1937 estaba a las órdenes del jefe
del Ejército del Norte como teniente habilitado para capitán. También se sumó a
las fuerzas nacionales el alférez Felipe Latas Benedé, condenado a 12 años por
la sublevación de Jaca, al que el régimen de Franco le concedió en 1941 la Cruz
de San Hermenegildo, pensionada con 600 pesetas, siendo capitán en activo. Un
tercer alférez, Juan González Fernández, condenado a 12 años, se sumó al golpe
en Sevilla, donde era teniente del Regimiento Granada 6. En octubre de 1936 fue
ascendido a capitán.
Aunque estaba retirado,
al alférez Ernesto Gisbert Blay se le abrió procedimiento por los vencedores en
1939, cuando contaba con 50 años y era invidente. Gisbert aseguró que en julio
de 1936 padecía cataratas y que decidió no curarse para “resignándose a estar
ciego para que los rojos no utilizaran sus servicios”. Dos testigos le
declararon afecto a los nacionales. La causa fue archivada. (AGHD, Sumario 417,
Caja 16105/26)
Aparte de los oficiales
sometidos a consejo de guerra, fueron procesados en rebeldía los capitanes Miguel
Gallo Martínez, Salvador Arboledas Soriano, Ignacio Anitúa Ochoa y José Piaya
Rebollido, huidos a Francia tras fracasar el movimiento. A todos ellos se les
abrió causa separada que, por la ausencia de información en la causa conservada
en el Archivo Histórico Nacional, no debió sustanciarse. Los cuatro capitanes
fueron amnistiados y regresaron a España una vez proclamada la Segunda
República.
Figura destacada en la sublevación fue el capitán Miguel Gallo Martínez, del Galicia 19, que intervino en la detención del comandante militar de Jaca, el general Urruela, y del jefe del Batallón Palma 8, general Beorlegui. Se apoderó también con sus tropas de la estación de ferrocarril de la ciudad. Después de regresar a España desde París, Miguel Gallo ingresó en abril de 1932 en la plantilla del Cuarto Militar del Presidente de la República, donde le sorprende el golpe de julio de 1936. Ramón Salas Larrazábal le sitúa en las semanas siguientes en el frente de Somosierra y después como instructor del Quinto Regimiento, previa afiliación al PCE. En octubre está al mando de la 6.ª Brigada Mixta, con la que combate en los días más duros de la batalla de Madrid, en el Puente de San Fernando, Palacete de la Moncloa y Hospital Clínico. En febrero de 1937 su unidad fue enviada a Málaga para intentar frenar la ofensiva franquista.
Al mando de la 24.ª División, Gallo participó en la batalla de Brunete. Tuvo también a sus órdenes la 23.ª y la 70.ª, y llegó a mandar el X Cuerpo de Ejército, desplegado en el frente de Aragón. Después sirvió en los cuarteles generales de los Grupos de Ejército de la Zona Catalana y de la Zona Centro-Sur. Detenido por los casadistas en el golpe contra el presidente Negrín, los franquistas lo encontraron preso en la cárcel al hacer su entrada en Valencia. Fue fusilado en Alicante el 15 de julio de 1939.
Salvador Arboledas Soriano
se retiró del Ejército en mayo de 1931. De su posterior adhesión al bando
nacional en la Guerra Civil es prueba su destino en 1939, como capitán retirado,
en la Auditoría de Guerra de Ocupación del Sur. En 1940 reingresó en el
Ejército con el grado de comandante. Por su parte, Ignacio Anitúa Ochoa de Eguilior
figuraba en mayo de 1937 como capitán del Cuerpo de Miñones de Vizcaya. Según
una ficha conservada en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, se le daba
por desaparecido en agosto siguiente en una relación de la Comandancia General
de Artillería del I Cuerpo de Ejército de Euskadi. Un año después las autoridades
militares republicanas le dieron de baja en sus filas por seguir en paradero
desconocido.
El capitán José María
Piaya Rebollido, que se refugió en París después de la sublevación de Jaca, fue
recibido por una multitud a su regreso a su ciudad natal, Málaga. Allí fue
candidato del partido Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista (IRYA), opuesto
a la República burguesa, para las Cortes constituyentes. En enero de 1932 fue
detenido en Málaga acusado de conspirar contra el gobierno de Azaña con fines
revolucionarios. Fue juzgado en abril por proposición a la rebelión con tres
cabos y cuatro soldados del Regimiento de Infantería n.º 27 y un paisano. Fue
condenado a tres años de cárcel. Un año después, cuando se encontraba preso en el
fuerte de Santa Catalina, en Cádiz, Azaña le concedió la libertad condicional. Se
presentó candidato por Sevilla del Partido Social Ibérico-La Tierra, de signo
libertario, en las elecciones de noviembre de 1933, con el pintor Ricardo
Baroja, hermano de Pío, el novelista, como compañero de lista.
Un documento insólito que refleja las dramáticas vicisitudes de la nación española en los años 30 del siglo pasado. Es un artículo sobre el golpe del general Sanjurjo del año 1932 publicado en el diario libertario "La Tierra" por el capitán José María Piaya, que lo envía desde la prisión de Santa Catalina (Cádiz) donde cumplía condena desde el mismo año 1932 por alentar también otro golpe contra el gobierno de Azaña. Piaya había sido procesado en rebeldía en 1931 por participar en el golpe de Jaca en 1930 contra la Monarquía. (La Tierra, 18 de agosto de 1932. Biblioteca Nacional de España)
Al comienzo de la Guerra
Civil, Piaya Rebollido se reincorpora al Ejército a las órdenes del gobierno.
En septiembre mandaba la nueva 93.ª Brigada Mixta, creada en el frente de Álora
(Málaga). Es ascendido a comandante por Largo Caballero en enero de 1937, que a
la vez le releva del mando sobre unidades, quedando a las órdenes del jefe del
Ejército de Centro. Ni de Piaya Rebollido ni de Ignacio Anitúa he logrado averiguar más noticias después de la contienda.
Quiero reseñar finalmente,
por ser especialmente insólito, el caso de otro de los militares de Jaca para
el que el fiscal pidió la pena de muerte por considerarle autor de la muerte de
un carabinero: el sargento Gonzalo Burgos Iglesias, condenado finalmente a
cadena perpetua. En mayo de 1938 se dispuso por el gobierno republicano su pase
a la situación de “disponible gubernativo”, lo cual solo podía significar que
había perdido la confianza del bando gubernamental. En efecto, Burgos Iglesias
había sido detenido al desarticularse en Madrid una red de la “quinta columna”
a la que pertenecía también su hermano José María, también militar y destinado
en 1936 en el Colegio de Huérfanos de Guerra.
Con ellos fueron
detenidas decenas de personas, a las que se acusó de facilitar el paso a la
zona nacional de jefes y oficiales del Ejército y la armada, proporcionar
información de la situación militar, organizar milicias para actuar contra el
gobierno republicano y recaudar fondos para el Socorro Blanco. Las acusaciones
formaron parte del “Sumario 81/1938 por Espionaje y otros delitos contra la
Seguridad del Estado” (AHN, FC-Causa General, 1541, Exp. 1). Se dictó prisión
provisional sin fianza para todos los imputados.
Gonzalo Burgos estuvo
hasta el final de la guerra detenido por los republicanos en la cárcel de San
Antón bajo la acusación de espía franquista. Una vez terminada la contienda,
los vencedores le destinaron al Regimiento de San Quintín, n.º 15, donde en
1940 fue ascendido a teniente.
Esta es una de las muchas
páginas de la historia de nuestros convulsos y trágicos años 30 que quedaba aún
por escribir. Los oficiales implicados en la sublevación de Jaca de diciembre
de 1930 contra el Rey Alfonso XIII, situada en lo más alto de la mitología del
republicanismo español, se dividirían y enfrentarían a muerte solo seis años y
medio después en la Guerra Civil. Si en la primera ocasión unieron sus destinos
contra la Monarquía, en la segunda se combatieron unos a otros en defensa o en
contra de la República gobernada por el Frente Popular.
Ante todos los
protagonistas de este paradójico capítulo histórico, que los llevó al paredón
de fusilamiento o a la muerte en combate, a la cárcel o al exilio entre las
ruinas del régimen republicano por el que se habían conjurado en 1930, solo
cabe alzar un respetuoso réquiem.
