MONÁRQUICO, CATÓLICO... Y CHEQUISTA DE LA FAI
Aquel 18 de junio de 1939, frente al pelotón de fusilamiento, el teniente Lázaro Aguilera Blanco no habría de recordar la tarde en la que su padre le llevó a conocer el hielo porque en su pueblo natal, Zazuar, en tierras burgalesas, junto a Aranda de Duero, el hielo era un viejo conocido en los duros inviernos del llano.
No sabemos qué es lo que su memoria pudo recrear en los últimos instantes de sus veintisiete años de vida
aquella madrugada de final de primavera, ante las bocas de los fusiles del
pelotón franquista en el madrileño cementerio de la Almudena. Ante su destino
final como oficial del derrotado ejército republicano que antes de la contienda
había servido a una causa contraria al régimen del 14 de abril de 1931, acaso
podamos imaginar que su último pensamiento solo podía acabar en un descarnado lamento
por la tragedia de España y la suya propia.
Las
páginas de la Guerra Civil, pasadas hacia atrás vertiginosamente sobre ríos de
sangre y tormentas de fuego, nos conducen a la vida de un joven empleado cuya
rutina laboral y familiar en el agitado Madrid republicano se ve enardecida por
su compromiso por la destronada causa monárquica y la fe católica. Lázaro
Aguilera Blanco, nacido en Zazuar en 1912, se muestra muy activo en contra de
la Segunda República desde los primeros meses. Su nombre no tarda en aparecer
en letras de imprenta en los diarios por causa de esta actividad.
El 10 de enero de 1932 protagoniza una sonada
protesta en Segovia durante un mitin de Acción Nacional, el partido católico
fundado por Ángel Herrera Oria, predecesor de Acción Popular. Según la
gacetilla aparecida dos días después en “El Debate”, órgano del partido, Lázaro
Aguilera y Herminio de Miguel, ambos delegados de la administración del
semanario católico “Los Hijos del Pueblo”, habían aprovechado el mitin para
vocear y vender ejemplares del citado semanario.
Un grupo de socialistas, capitaneados por un
teniente de alcalde del ayuntamiento, comenzaron a amenazarles con quemarles
los periódicos para más tarde denunciarles ante el Gobierno Civil, que ordenó
la requisa de los 1.500 ejemplares que les quedaban. Ante estos hechos, Lázaro
Aguilera y su compañero se personaron ante el gobernador civil, quien respondió
a sus protestas diciéndoles que él había autorizado el mitin pero no la venta
del semanario. Además, según “El Debate”, el gobernador civil les dijo que
“había ordenado la recogida de los números, porque los voceadores habían dado
gritos subversivos, toda vez que gritar en defensa de las Órdenes religiosas se
consideraba como tal en el actual régimen”.
Después de su tensa visita al gobernador civil, Lázaro Aguilera y su compañero “continuaron voceando en son de protesta el semanario, a pesar de no poseer ningún número y en más de una ocasión salió público a aplaudirlos desde los balcones de las calles”, según el diario católico. Durante toda su estancia en Segovia, ambos estuvieron bajo la vigilancia de una pareja de policías.
La siguiente noticia que tenemos de Lázaro Aguilera Blanco es su asistencia, junto con su hermano Teodoro, al funeral celebrado en la madrileña iglesia de Santa Bárbara, de las Salesas Reales, por la reina María Cristina de Habsburgo y Lorena, esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII, al que asiste, entre otras destacadas figuras, el líder de Partido Nacionalista, el doctor José María Albiñana, según la información del diario “La Nación” el 17 de mayo de 1932.
Implicado en la "sanjurjada"
Un año después volvemos a tener nuevas de nuestro protagonista: el 23 de abril de 1933 otro semanario católico, “Renacer”, incluye en su edición una nota en la que hace votos por el restablecimiento de su delegado, Lázaro Aguilera, “entusiasta propagandista monárquico”, se encuentra “enfermo de gravedad”. La enfermedad, según “Renacer”, la contrajo “durante su estancia en la cárcel con motivo de los sucesos del 10 de agosto”. Se refiere a la “sanjurjada”, el fallido golpe militar de agosto de 1932 liderado por el general José Sanjurjo, en la que Lázaro Aguilera estuvo implicado junto con su hermano Teodoro, teniente de complemento. Sabemos que Teodoro fue condenado, junto con otros participantes en el golpe, a la deportación en Villa Cisneros, en el antiguo Sahara español, donde llegó en septiembre a bordo del barco “España 5”.
Vuelven a pasar arrolladoramente las páginas
del golpe militar y la contienda fratricida, con su reguero de muerte y
destrucción, para devolvernos el nombre de Lázaro Aguilera Blanco, con 27 años,
ya casado, entre las líneas mecanografiadas de un atestado de la policía militar
franquista del madrileño distrito de Universidad. El atestado lleva fecha del
13 de abril de 1939, doce días después del último parte de guerra firmado por
el general Franco, y notifica la detención de nuestro protagonista, como parte del
sumario abierto contra él en la posguerra, conservado en el Archivo General e
Histórico de la Defensa de Madrid.[1]
Es un documento impactante por muchas razones.
Primero porque señala a Lázaro Aguilera Blanco como un afiliado de Falange
antes del 18 de julio reconvertido en “pistolero de la FAI”. Segundo porque se
le identifica como integrante de la checa anarquista “Spartacus”, del madrileño
convento de las Salesas Reales, en la calle Santa Engracia, cuyos miembros
pasaron posteriormente a integrar la oficialidad y el comisariado de la 77.ª
Brigada Mixta. Y tercero porque achaca al grupo del que forma parte Lázaro
Aguilera más de mil asesinatos, entre ellos los refugiados en un inmueble de la
Embajada de Chile contiguo al convento de las Salesas Reales a los que, según
el atestado, el propio Lázaro hizo salir a la calle engañándoles con la excusa
de que se había propagado un incendio.
La pregunta que asalta a la vista del atestado
es si el horror de la Guerra Civil pudo transmutar a un joven monárquico,
derechista y católico que cuatro años antes se arrodillaba en el templo de
Santa Bárbara, del convento de las Salesas Reales, en el funeral por la reina
María Cristina, en un chequista de la FAI que decidía sobre la vida de otros monárquicos,
derechistas y católicos como él en otro convento de las mismas Salesas Reales.
La confirmación, que encontramos en sus
respuestas al interrogatorio policial y en la declaración que hace ante un juez
franquista unos días después de su detención, produce escalofrío, como tantas
realidades sorprendentes de la brutalmente compleja Guerra Civil.
Lázaro Aguilera confirma en ambas declaraciones
que se había afiliado al Partido Nacionalista del doctor Albiñana veinte días
antes de la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, y que
después se hizo militante de Renovación Española al fundarse este partido en
1933 bajo el liderazgo de Antonio Goicoechea, al que un año después sucedería
José Calvo Sotelo.
El golpe militar de julio de 1936 le sorprendió hospitalizado en el sanatorio para tuberculosos de Húmera, fundado en 1913, del que fue evacuado ante la llegada de las tropas de Franco a las puertas de Madrid en noviembre siguiente. Trasladado a un hospital de la calle Pinar 12, fue detenido allí por las milicias el 28 de diciembre. Entre sus captores figuraba Rafael Bueno, un teniente de Sanidad que le conocía del sanatorio de Húmera, quien le delató como derechista al ser interrogado en el convento de las Salesas Reales, de la calle de Santa Engracia 18, asaltado, profanado y convertido en checa por la CNT-FAI.
“Le pusieron -continúa su declaración ante el
juez- en el dilema de elegir entre ayudarles a ellos en sus fechorías,
principalmente en la de señalar a las personas de derechas, con objeto de
eliminarlos, o su vida, que el indagado en aquellos momentos y viendo que
salvaba así su vida se decidió a ayudarles”.
Delator de la checa
Lázaro Aguilera desgranó ante el juez
franquista todas las ocasiones en que, durante enero de 1937, denunció a personas
supuestamente desafectas a la revolución, a sabiendas de que no se encontrarían
en sus casas por estar escondidos, refugiados o huidos. Así, señaló a unos
religiosos que vivían en la calle Almagro, en Chamberí, en casa de una viuda,
pero a los que los milicianos no encontraron “con gran satisfacción del que
dice”. Después delató al secretario del conde de Arellano, el abogado Conceso
del Coso, de 33 años, al que tampoco hallaron en su casa de la calle de Jesús, en
el barrio de las Cortes, aunque se llevaron detenido a su hermano de 18 años,
al que interrogó el propio Aguilera en la checa de Santa Engracia para que
denunciara a su vez a derechistas.
“El
muchacho aunque al principio tuvo valentía para negar, indicó el domicilio de
tres personas a las cuales fueron a detener al día siguiente”, según la
declaración de Aguilera. Solo encontraron a uno de ellos, empleado de Correos,
al que condujeron a la comisaría de Chamberí, donde lo pusieron en libertad. El
joven Coso salió de la “checa” gracias a las súplicas de su padre, de avanzada
edad, aunque le advirtieron que volverían a por él al día siguiente, lo que
hicieron, aunque no pudieron encontrarlo.
Al día siguiente, sin precisar la fecha, Aguilera
declara que siguió colaborando en el mismo sentido, yendo a detener a
derechistas previamente denunciados por él en compañía de varios de los
miembros de “Spartacus”, como Víctor Rincón Moreno y Luis Payá. Por dos veces
sus denunciados no son hallados, pero en la siguiente misión el joven
monárquico va a ser testigo en primera persona del “modus operandi” de los
sicarios de “Spartacus”.
Por mediación de un agente de la comisaría de
Chamberí, se desplazan a la calle de Alcalá a detener a una joven, sobrina de un
ingeniero apellidado Van-Baumberghen. En el domicilio allanado no encuentran a
la joven, pero sí a un hombre llamado Joaquín Huici Poyales, al que conducen a
Santa Engracia para interrogarle sobre el paradero del ingeniero. Huici se
niega revelarlo, por lo que es conducido al Stadium Metropolitano, donde le
despojan de su chaqueta y de sus objetos personales. Le insisten en que delate
a su amigo y entonces, derrumbado, indica que solo sabe que vive en la calle
Jorge Juan. “Acto seguido el Víctor Rincón le dio un tiro en la cabeza al señor
Huici”, afirma Aguilera en su declaración.
“Al día siguiente -continúa Aguilera- se
dirigieron a la calle de Jorge Juan donde se encontraban refugiados el Sr. Van
Bauberghen (sic) con su familia, deteniendo al hermano del Sr. Van Bauberghen
(sic), el cual se hizo pasar por éste para evitar su muerte”.
Conducidos
a la checa de “Spartacus”, allí los milicianos descubren que el detenido se ha
hecho pasar por su hermano. Finalmente averiguan el paradero del
Van-Baumberghen que buscaban y unos días después asesinan a ambos hermanos en
el mismo Stadium. Aguilera denuncia como autores de la última detención a José Luzón
y Acracio Ruiz, después comandante y comisario de la 77.ª Brigada Mixta, respectivamente.
También menciona en su declaración a la artista de cabaret Victoria del Mar, a la que vio detenida en “Spartacus” y que luego sería
asesinada, crimen del que es difícil no sospechar su índole sexual como tantos otros que debieron de producirse en el Madrid revolucionario. Entre los autores de su detención de la cantante y bailarina, Aguilera señala a un agente de
la comisaría de Vallehermoso, Jaime Bosch, al que sorprendentemente encontró en
la misma comisaría al ir a declarar después de su detención por la policía militar
franquista, lo que denunció en el acto.
En
la Causa General, en la pieza abierta sobre la checa “Spartacus”, hay varios
testigos que contradicen la declaración exculpatoria de Lázaro Aguilera, que ya
había sido fusilado. Uno de ellos es un hermano de Joaquín Huici, que asegura
que fue detenido el 15 de enero de 1937 en Sagasta 33 por un grupo de
milicianos que lideraba el antiguo militante de la derechista Renovación
Española.[2] Otra denunciante señala a
Aguilera como responsable de la detención de su padre, José Bariñaga Martínez,
en la calle Miguel Servet 5, y le identifica nada menos que como “jefe de
policía del batallón Espartacus”.
Más
graves eran las acusaciones de un miliciano que estuvo destinado en el batallón
“Spartacus”, Tomás Pardo, que afirmaba que Aguilera había participado en la
detención de seis monjas que luego serían asesinadas, así como en la conducción
y ejecución de los guardias civiles masacrados en el cementerio del Este.
También le inculpaba en el asesinato de dos mujeres junto con Luis Payán,
señalando que una vez muertas las abandonaron desnudas en la colonia del Viso.
Teniente de intendencia republicano
Aguilera afirma en sus declaraciones que en
enero de 1937 pasó a formar parte de la 77.ª Brigada Mixta, como soldado de
intendencia, aunque sería ascendido a teniente en febrero siguiente. Su nombre
figura en un reportaje de la revista “Mundo gráfico”, del 12 de mayo de 1937,
dedicado a los servicios de intendencia del Ejército de Centro republicano.
Permanecerá hasta el final de la guerra en esta unidad, sobre la que le interrogan también después de su detención por las denuncias de asesinatos cometidos en sus filas contra suboficiales y soldados considerados derechistas, a los que se incluía en los partes como muertos al intentar desertar al enemigo, como fue costumbre en las unidades republicanas.
Conviene detenerse en esta denuncia, que señala
una realidad muy pocas veces destacada, como es la derivación a las unidades
del Ejército Popular, alejadas en los frentes, de la represión en la
retaguardia republicana contra los presuntos desafectos. El caso de la 77.ª
Brigada es muy significativo en este aspecto, pues en ella prosiguió
efectivamente durante toda la contienda su labor criminal la checa “Spartacus”.
A
este frente, en el sector de Cuesta de la Reina, la 77.ª Brigada llega en el
verano de 1937 y permanecerá en el mismo hasta el final de la guerra. En este
escenario es donde se van a producir numerosas muertes en las filas de la
unidad sin entrar en combate, provocadas por las purgas que mandos y comisarios
ordenaban ejecutar contra los reclutas llegados a la unidad que fueran
sospechosos de ser de derechas.
Las purgas de la 77.ª Brigada
En
la “Causa General” existe un informe dedicado específicamente a las denuncias
de familiares sobre el asesinato de combatientes de la 77.ª Brigada Mixta a
causa de estas purgas.[3] Lázaro Aguilera, ya
fusilado cuando se elabora el informe, es citado por varios testimonios como
denunciante de personas de derechas, pero no se le implica en los asesinatos cometidos en las propias filas de la
unidad.
Interesa
destacar que en este informe figuran testimonios de padres, hermanos o esposas
que habían recibido confirmación del trágico fin de sus seres queridos por
compañeros de la brigada. Los asesinatos
son también confirmados por varios mandos de la brigada e incluso por médicos
militares que desempeñaban su labor en sus distintos batallones.
Así,
Luis Frade Carranque, de 30 años, médico del primer batallón de la 77.ª Brigada
Mixta, incorporado a la unidad en abril de 1937, afirma:
“En
total se cometieron cerca de los setecientos asesinatos, hasta el punto de que
sin entrar en combate la brigada hubo de reorganizarse dos veces por el número
de bajas que tenía, siendo en su mayor parte ejecutados en una vaguada
denominado El Valle de las Lágrimas en el sector de Seseña. (…) Que todos los
asesinados después de hacerles cavar su propia sepultura eran dados de baja
directamente por los capitanes de su Compañía, sin que el médico tuviera
ninguna intervención ni conocimiento, empleando los capitanes la consabida
fórmula para justificar el crimen de que habían intentado pasarse a las filas
enemigas”.
Otro
médico militar, Luís Yunta Quintero, de 33 años, incorporado en febrero de
1937, aseguró que “le presionaron para que firmara los certificados de
defunción de unos que habían aparecido muertos a retaguardia de las trincheras
y diciéndole que habían muerto en combate, cosa que extrañó enormemente al
dicente ya que en los cadáveres había algunos de mujer”.
El
mayor número de asesinatos se produjo en el 4.º Batallón, el 308 de la Brigada,
cuyo jefe Antonio Guerrero González, apodado “El Sastre”, negó los asesinatos, aunque
reconoció que hubo entre 15 o 16 soldados que murieron al intentar pasarse al
enemigo. Guerrero fue acusado de formar parte del comité depurador de la
Guardia Civil que ese estableció en el convento de Santa Engracia.
El
comisario del 4.º batallón, Andrés Ferreras Ramírez, dijo ignorar que se
asesinara a soldados considerados de derechas, pero “sí llegó a sospechar de
que algo anormal ocurría dada la frecuencia de los partes que se cursaban en
los que se daba cuenta que algún soldado había sido muerto al intentar pasarse
a las fuerzas enemigas llegando a deducir el declarante que esta era la forma
de justificar los asesinatos”.
Otros
testimonios afirman que se cometían “tres o cinco diarios de media con
seguridad absoluta” y que en dos meses de 1938 se cometieron más de 190
asesinatos coincidiendo con la llegada de una remesa de quintos catalanes.
También se afirmaba que en el 4.º batallón hubo más de 200 asesinados.
De
los testimonios recogidos después de la guerra apuntan dos lugares donde se
realizaban las ejecuciones e inhumaciones de las víctimas de estas purgas, en
fosas excavadas previamente por los propios fusilados.
Uno
de ellos es la Casa de los Conejos, que era el puesto de mando de la brigada,
donde figuran enterrados al menos cuatro combatientes asesinados en las purgas:
Victorino Bayo Marín, guardia civil y miembro del espionaje franquista; Carlos
Marín Ibáñez, teniente habilitado de la brigada; Luis Rodríguez Alonso y
Alberto Jiménez de los Galanes.
Sobre
este lugar, hay un interesante testimonio de un soldado, Arsenio Ponga, sobre
la realización de una exhumación provisional en 1939 por la policía militar franquista
a la que asistió como testigo junto con familiares del citado Luís Rodríguez
Alonso, en la que aparecieron muchos cadáveres. El testimonio no confirma si se
exhumaron o no, pero en la documentación de posguerra existente sobre fosas
exhumadas en Aranjuez no hay señalada más que la del cementerio de la localidad.
Por tanto, podríamos encontrarnos ante una o varias fosas desconocidas con
restos de combatientes republicanos asesinados por sus propios camaradas.
El Valle de las Lágrimas
El
segundo escenario es el que en la propia 77.ª Brigada Mixta se conocía como “Valle
de las Lágrimas”, por ser el lugar predilecto para las ejecuciones en el seno
de la unidad. No sabemos más de ella que el que se trata de una hondonada en el
sector de Seseña (Toledo). En este lugar fueron asesinados y enterrados al
menos los soldados Baltasar Parra Martín, Enrique Ruiz Penen y Antonio Martín
Castro, además de otros combatientes.
Otros
asesinados citados en el informe son Antonio Sánchez Gutiérrez, Antonio Moreno,
Manuel Rodrigo Sánchez, José Rodríguez Muñoz, Evaristo García Alises, Manuel
Díaz Ruiz, Monterroso Hernández, Milamón López Muñoz, Puig Artigas, Guillermo
Collar Collar, Estanislao Iturria Gracia, Balbino López Sancho, Pedro Bonet
Sabartés, Manuel Benzala Alvín, Ascanio Tebar Giménez, Bautista Claramonte
Pilar y Gabino Rodríguez García, José González Prado; Francisco Torres Muñoz y
Santiago Vila Orellán.
Asimismo,
hay testimonios que declaran que los hermanos José y Fernando García Navarro,
fusilados “en los alrededores de Aranjuez” con siete u ocho más, a los que se
les obligó a cavar la fosa.
Otras
declaraciones informan de que el soldado Antonio Verdonces Ponte fue condenado
a la pena capital y ejecutado por intentar desertar a la zona franquista,
aunque erró el rumbo y regresó a las filas republicanas gritando “Arriba España”
y “Viva Franco”. Seis soldados más,
amigos del anterior, procedentes de Murcia, fueron asesinados por considerarlos
cómplices de la frustrada evasión, según algunos testimonios.
Lázaro
Aguilera Blanco fue juzgado el 17 de mayo de 1939, declarándose probado por el
tribunal que denunció a personas derechistas, presenciando ejecuciones, pero no
interviniendo en ellas. Entre los denunciados, la sentencia cita a los ya mencionados
Huici y Van-Baumberghen, así como a un diputado por Badajoz apellidado Miranda,
que debe de ser Francisco de Asís Sánchez Miranda, profesor de Derecho Canónico
en la Universidad de Madrid, que obtuvo escaño por la CEDA en 1933, asesinado
el 17 de enero de 1937 con 29 años junto al pedagogo Rufino Blanco y otras
setenta personas.
La
fiscalía había sumado a las acusaciones el ser “elemento influyente” de la
checa “Spartacus”, donde interrogaba a los detenidos, llegando en una ocasión a
maltratar a fustazos a una mujer allí detenida. También hizo gestiones, según
la acusación, para detener a Ramón Serrano Suñer, el “cuñadísimo” de Franco. La defensa adujo que Lázaro Aguilera actuó como miembro del grupo de la FAI por "miedo insuperable", pero el tribunal rechazó el argumento, añadiendo la agravante de "trascendencia y peligrosidad de los hechos".
De
resultas de las acusaciones contra los miembros de “Spartacus”, la justicia
franquista condenó a muerte y ejecutó a Víctor Rincón Moreno, José Bocanegra
Martín, Higinio Pérez Rodríguez, Manuel Real Verdejo y a los guardias civiles
Restituto Castilla González y Ambrosio Rueda García, según recoge el
investigador Manuel García Muñoz en su libro “Los fusilamientos de la
Almudena”.[4]
La
sentencia a la pena capital contra Lázaro Aguilera Blanco recibió el “enterado”
del general Franco el 3 de junio. Quince días más tarde, pasadas las
cinco de la madrugada, después de la descarga del pelotón de ejecución, el
último pensamiento del joven monárquico, derechista y católico quedó convertido
en hielo.
